Los chips de inteligencia artificial de última generación no recorren una línea recta desde una fábrica hasta un cliente, sino que siguen una ruta compleja en la que se diseñan en un país, se fabrican o encapsulan en otro, terminan integrados en servidores y pasan después por distribuidores, centros de datos y compradores finales, un recorrido en el que intervienen controles de exportación, declaraciones de uso y verificaciones destinadas a impedir que determinada tecnología llegue a destinos restringidos. El caso que acaba de salir a la luz en Taiwán muestra de forma clara qué ocurre cuando, según los fiscales, varias de esas barreras se sortean desde dentro, poniendo de relieve las dificultades de vigilar el destino final de equipos de alto valor y carácter estratégico. La acusación ya está sobre la mesa: la Fiscalía del Distrito de Keelung, en Taiwán, ha presentado cargos contra nueve personas, de las cuales ocho aparecen vinculadas al supuesto esquema para exportar ilegalmente servidores de inteligencia artificial de alta gama, entre ellas un empleado de NVIDIA Taiwan y dos de Super Micro Taiwan, mientras que el noveno acusado figura en otra rama relacionada con el presunto vaciamiento patrimonial de una distribuidora, en la que también están acusados dos de los otros ocho, todo ello sin que se hayan presentado cargos contra NVIDIA o Super Micro como compañías, sino contra personas concretas.
Según la versión de los hechos que sostiene la Fiscalía, el pedido comprendía 130 servidores de Super Micro equipados con tecnología B300 de NVIDIA y debía acabar, sobre el papel, en un centro de datos alquilado en Taiwán, con documentación de usuario final que indicaba que los equipos se instalarían allí y no serían reexportados infringiendo los controles aplicables, pero los investigadores sostienen que varios de los acusados que participaron en una inspección en septiembre de 2025 ya sabían que aquel recinto no disponía del espacio, la potencia eléctrica ni el ancho de banda necesarios para operar semejante despliegue. Pese a ello, Super Micro acabó aceptando el pedido en tres tandas —de dos, sesenta y cuatro y sesenta y cuatro unidades—, y la acusación sostiene que setenta y cuatro de aquellos ciento treinta servidores acabaron finalmente en manos de clientes chinos siguiendo varias rutas: dieciséis habrían salido directamente hacia China, otros cincuenta pasaron primero por Indonesia y ocho viajaron a Japón antes de continuar hacia Hong Kong y, desde allí, hasta un cliente chino, mientras que los cincuenta y seis equipos restantes también iban a abandonar Taiwán con destino a una empresa japonesa cuando las aduanas detectaron irregularidades y exigieron una licencia para mercancías estratégicas de alta tecnología, por lo que la operación no llegó a completarse y esos servidores permanecieron en la isla.
El B300 pertenece a la generación Blackwell Ultra de NVIDIA y está pensado para cargas de inteligencia artificial de muy alta exigencia, precisamente el tipo de tecnología que Washington mantiene sometida a controles de exportación cuando el destino es China, aunque no todos los chips de la compañía estén vetados de forma absoluta: las reglas distinguen entre productos, destinatarios y licencias, y desde 2026 contemplan una revisión caso por caso para determinados modelos como el H200, a lo que se suma que Taiwán aplica además su propio régimen sobre mercancías estratégicas, de modo que determinados equipos y usos requieren autorización antes de salir del país. El incentivo económico para sortear estas normas era enorme, tal como reflejan los datos publicados por Reuters en abril, según los cuales los servidores B300 disponibles en China rondaban los siete millones de yuanes, aproximadamente un millón de dólares, casi el doble de los quinientos cincuenta mil dólares que se situaban como referencia en Estados Unidos, una diferencia de precio que crea una prima considerable para quienes consiguen introducirlos en el mercado chino y que, según la Fiscalía, habría generado a dos de los acusados más de veintiún millones de dólares de beneficio ilícito por los setenta y cuatro equipos que sí completaron el recorrido.
Este caso pone de manifiesto que el control sobre la tecnología de vanguardia no termina al fabricar los productos, sino que exige vigilar mucho más que la planta en la que nace, ya que NVIDIA es una compañía fabless: diseña sus chips y encarga su fabricación a socios como TSMC, cuya producción de tecnología de la compañía se extiende hoy entre Taiwán y Estados Unidos, mientras que empresas como Super Micro convierten después esos componentes en sistemas completos que atraviesan una red internacional de distribuidores y compradores, razón por la cual las restricciones incorporan controles sobre el usuario y el destino final, y no solo sobre la primera venta. El caso taiwanés ilustra precisamente ese desafío: por más que se establezcan barreras a la salida de la tecnología, el seguimiento de su trayectoria una vez integrada en sistemas más amplios y transferida entre empresas de distintos países se convierte en un reto constante para las autoridades, un punto débil que el presunto esquema delatado habría aprovechado para desviar equipos de alto valor hacia un mercado al que no deberían haber llegado.
