En el Perú se ha instalado un coro persistente —políticos, economistas mediáticos y comentaristas de turno— que repite mañana, tarde y noche que Petroperú es una empresa quebrada. Lo dicen con una convicción que no se apoya en análisis técnico riguroso, sino en prejuicios ideológicos y intereses económicos subalternos. La consigna es simple: lo estatal fracasa; lo privado, por arte de magia, prospera.
La realidad latinoamericana desmiente ese dogma.
Basta mirar a Ecopetrol (Colombia), Petrobras (Brasil) o ENAP (Chile): empresas estatales de energía con resultados sólidos, aportes fiscales decisivos y un rol estratégico en la soberanía energética de sus países. Ninguna es perfecta; todas han tenido crisis. Pero ninguna fue “salvada” privatizándola ni desmantelándola. Fueron reformadas, capitalizadas y defendidas como activos nacionales.
En el Perú, en cambio, se insiste en destruir reputacionalmente a Petroperú para justificar su entrega. El libreto es conocido: se exageran errores reales, se ocultan decisiones políticas que la asfixiaron y se promete que, en manos privadas, “oh, milagro”, la empresa se volverá solvente y eficiente.
El espejo mexicano
El reciente resurgimiento de Pemex es un caso incómodo para ese discurso. Tras décadas de abandono y saqueo bajo gobiernos neoliberales que apostaron por su desmantelamiento, la empresa petrolera mexicana comenzó a revertir su caída con una decisión política clara: rescatar la industria energética nacional.
Las inversiones realizadas en la rehabilitación de refinerías, la construcción de Dos Bocas, la compra de Deer Park en Estados Unidos y la integración vertical de la empresa permitieron a México reducir su dependencia de importaciones, aumentar la producción de combustibles y agregar valor a su petróleo.
Los datos son elocuentes: caída histórica de importaciones de gasolina y diésel, reducción de la deuda financiera en alrededor de 20 mil millones de dólares, pago masivo a proveedores, mejora en calificaciones crediticias y márgenes de refinación positivos. Todo ello acompañado de una visión estratégica: la energía como asunto de soberanía, no como botín de mercado.
Pemex no resurgió porque se privatizó. Resurgió porque el Estado asumió su responsabilidad.
El problema peruano no es Petroperú
En el Perú, Petroperú ha sido golpeada por malas gestiones, decisiones políticas erráticas y, en no pocos casos, corrupción. Eso es innegable. Pero confundir esos males con la inviabilidad de lo estatal es una falacia interesada.
La empresa fue obligada a operar sin respaldo financiero adecuado, con interferencias políticas constantes y bajo una campaña permanente de desprestigio. Aun así, se le exige competir en condiciones desiguales con grandes transnacionales privadas. Y cuando tropieza, se sentencia: “fracaso estatal”.
Lo que no se dice es que ninguna empresa estratégica sobrevive sin apoyo del Estado, sea pública o privada. Petrobras, Ecopetrol y Pemex lo demuestran. Tampoco se dice que privatizar Petroperú no resolvería los problemas estructurales del país: solo trasladaría rentas y control a intereses privados, muchos de ellos extranjeros.
Ideología disfrazada de técnica
El ataque a Petroperú no es técnico; es ideológico. Y cuando no es ideológico, es económico. Se pretende convencer al país de que el problema es la empresa, no la falta de una política energética nacional seria, de largo plazo, con gobernanza, control y profesionalización real.
El Perú necesita debatir en serio:
¿queremos soberanía energética o dependencia permanente?
¿queremos una empresa pública reformada o un mercado capturado por pocos?
Repetir que Petroperú está quebrada no es análisis; es propaganda. La experiencia latinoamericana muestra que las empresas estatales pueden ser eficientes, rentables y estratégicas cuando hay decisión política, control ciudadano y gestión profesional.
La pregunta, entonces, no es si Petroperú debe existir.
La pregunta es a quién le conviene que desaparezca.
