La fotografía política de los días previos a la segunda vuelta de 2026 probablemente quedará registrada como uno de los acontecimientos más singulares de la historia democrática reciente del Perú. Alrededor de la candidatura de Roberto Sánchez han terminado confluyendo figuras y sectores que, en circunstancias normales, difícilmente habrían compartido una misma mesa política.
Desde posiciones de centro, centro derecha, progresismo e izquierda, dirigentes como Ricardo Belmont, George Forsyth, Alfonso López Chau y otras personalidades han decidido respaldar una candidatura que originalmente no representaba a todos ellos. No se trata de una coincidencia ideológica. Tampoco de una alianza tradicional basada en cuotas de poder. Lo que parece unirlos es un diagnóstico común: evitar que el fujimorismo alcance el control simultáneo del Ejecutivo y de las principales instituciones del Estado.
La pregunta que surge es por qué actores tan distintos han decidido dar este paso.
La respuesta parece encontrarse en la experiencia acumulada de las últimas décadas. Para amplios sectores de la sociedad peruana, el fujimorismo no es simplemente un partido político más dentro de la competencia democrática. Representa una cultura política asociada al autoritarismo, al copamiento institucional, a las redes de corrupción y al uso del poder para garantizar impunidad.
Los antecedentes históricos pesan. El régimen de Alberto Fujimori dejó como herencia un modelo de concentración del poder que subordinó instituciones, debilitó controles democráticos y convirtió al Estado en una herramienta al servicio de un proyecto político personalista. Aunque han transcurrido más de dos décadas desde la caída de aquella dictadura, muchos peruanos consideran que las prácticas fundamentales de ese modelo permanecen vigentes dentro de Fuerza Popular.
La preocupación actual no se limita al Ejecutivo. El temor radica en la posibilidad de una captura integral del aparato estatal.
Sin controlar la Presidencia de la República, sectores vinculados al fujimorismo y a sus aliados ya han demostrado una importante capacidad de influencia en organismos fundamentales del Estado. Las disputas alrededor del Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo y otros espacios institucionales han alimentado la percepción de que existe una estrategia permanente orientada a controlar los contrapesos democráticos.
Si esa influencia institucional se complementara con el control del Ejecutivo, la capacidad de concentración de poder sería considerablemente mayor.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que constitucionalmente deben servir al Estado y no a un partido político, podrían quedar sometidas a mayores presiones políticas desde el gobierno de turno. La historia latinoamericana demuestra que cuando desaparecen los contrapesos institucionales y los organismos de control pierden autonomía, las democracias comienzan a deteriorarse gradualmente hasta convertirse en sistemas donde las elecciones subsisten, pero las libertades se reducen.
No se trata necesariamente de imaginar una dictadura clásica con tanques en las calles o cierre del Congreso. Las nuevas formas de autoritarismo suelen avanzar de manera más sutil: debilitando la independencia judicial, condicionando a los organismos electorales, intimidando a la prensa crítica y utilizando el aparato estatal para proteger a grupos políticos afines.
Por ello, la convergencia que hoy respalda a Roberto Sánchez tiene un significado que va más allá de una elección. Constituye un intento de construir un frente democrático amplio basado en la defensa de principios mínimos compartidos: separación de poderes, respeto a los resultados electorales, independencia institucional y vigencia del Estado de derecho.
Naturalmente, este respaldo no equivale a un cheque en blanco. George Forsyth lo expresó con claridad cuando exigió públicamente que Sánchez cumpla sus compromisos con la democracia, la institucionalidad económica y la lucha contra la criminalidad. Ese mensaje refleja el sentir de muchos ciudadanos: apoyar una candidatura para evitar un riesgo mayor no significa renunciar a la vigilancia democrática.
La verdadera fortaleza de esta alianza radica precisamente en su diversidad. No es una coalición construida alrededor de una sola ideología, sino alrededor de una convicción común: que la democracia peruana necesita ser protegida.
La historia juzgará si esta convergencia fue suficiente para impedir una nueva concentración de poder. Pero, independientemente del resultado electoral, deja una lección importante: cuando las instituciones están en riesgo, las diferencias ideológicas pueden volverse secundarias frente a la necesidad de preservar las reglas básicas de la convivencia democrática.
Hoy, más que una disputa entre candidatos, el Perú enfrenta una discusión sobre el tipo de República que quiere construir para las próximas décadas. Y esa es una decisión que trasciende cualquier elección.
