La semana en que el conteo de la ONPE mostró que Keiko Fujimori obtuvo más votos que Roberto Sánchez – aunque dentro del territorio peruano él haya obtenido más votos que su contendiente -, el Congreso, que ya está controlado por Fuerza Popular, aprobó dos leyes arbitrarias, quizás a modo de ofrenda a su lideresa, en claro uso del poder legislativo para la impunidad, electoral de un lado y policial y militar de otro. Mientras que desde el Poder Ejecutivo, específicamente el Ministerio del Interior, el procurador de Orden Público ha presentado una denuncia penal contra periodistas, políticos y dirigentes sociales que se han manifestado contra irregularidades del proceso electoral. Huánuco lo dijo con todas sus letras.
Así se empiezan a confirmar los temores de quienes votaron por Sánchez. Pues buena parte del voto de Juntos por el Perú fue de rechazo a una candidatura que continúa la herencia autoritaria del fujimorismo. Rechazo que ha tenido más de dos tercios de la votación en todo el espacio andino, incluyendo Huánuco en el centro; pero con picos en Amazonas y Cajamarca en el norte (donde por errores en la inscripción Juntos por el Perú concedió senadores y diputados a Fuerza Popular) y Puno, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, en el sur.
Quizá pensando en consagrar la impunidad ante las masacres cometidas en los años recientes en esos departamentos, el 12 de junio, con 58 votos, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación un proyecto que modifica el Código Penal Militar Policial y el Nuevo Código Procesal Penal: las normas amplían el concepto de «delito de función» y buscan obligar a la Corte Suprema a preferir la jurisdicción militar policial cuando se trate de delitos cometidos por efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional «en situación de actividad, en el cumplimiento de su función, en acciones militares, en acto del servicio, consecuencia del servicio o con ocasión de él». Esto en contradicción con el precedente vinculante establecido desde 2004 por la Corte Suprema, que fijó que los crímenes contra la vida, la integridad o la libertad perpetrados por militares solo pueden ser investigados por la justicia ordinaria. En ese marco, el proyecto de ley aprobado viola la Constitución porque impide las funciones de un ente autónomo, la Fiscalía. Cabe recordar que en diciembre de 2024, el mismo Congreso aprobó la Ley 32181 que prohíbe la prisión preventiva a policías que usen sus armas de fuego «de manera reglamentaria» y la Ley 32291, que autoriza el uso de armas de fuego en casos de flagrancia. Antes, la Ley 32107 de prescripción de crímenes de lesa humanidad y la Ley 32419 de amnistía para graves violaciones a los derechos humanos. Es decir, estamos ante «un nuevo marco legal a favor de la impunidad de crímenes cometidos por efectivos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional», en palabras del jurista Carlos Rivera.
Simultáneamente, entre el 12 y el 15 de junio, el Congreso aprobó y el presidente José María Balcázar promulgó la Ley N° 32657, que reduce del 50% al 30% el requisito de presentación de candidaturas regionales para que un partido mantenga su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. Norma que favorece a Fuerza Popular, que no podía cumplir el requisito anterior. Lo que nuevamente vulnera el principio de intangibilidad electoral, por el cual no deben cambiarse las reglas durante un proceso en curso.
De parte del Ejecutivo, la denuncia contra nueve ciudadanos y ciudadanas es por «grave perturbación de la tranquilidad pública», previsto en el artículo 315-A del Código Penal; pero cuando se «difunda… la inminente realización de un hecho o situación falsa o inexistente, relacionado con un daño o potencial daño a la vida e integridad de las personas o de bienes públicos o privados». Algo ajeno a expresar opiniones, cuestionar autoridades y respaldar manifestaciones pacíficas, acciones protegidas por la Constitución y convenios internacionales.
Detener la arremetida autoritaria implica una acción ciudadana movilizada, que asegure una práctica democrática de los 30 senadores y senadoras, así como de los 74 diputados y diputadas, que no pertenecen a las bancadas pro impunidad. En esa interacción entre ciudadanía y congresistas se juega lo poco de democracia que nos queda.
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